Por: Víctor Julio García Rodríguez.
No conozco el primer alcalde, gobernador u ordenador del gasto, que salga de su cargo pobre, por el contrario, salen archimillonarios; tampoco hay una explicación lógica, como un funcionario público de los órganos de control, rama judicial, y servidores públicos en general, con ingresos que no superan los 150 millones de pesos anuales, puedan adquirir fincas, mansiones, apartamentos en varias ciudades, bienes que superan los mil millones de pesos cada uno, carros de alta gama o estar viajando en cada puente festivo, a la costa atlántica, Melgar y otros sitios turísticos del exterior.
Con la consulta anticorrupción, tuvimos la oportunidad de ponerle tatequieto a los corruptos, pero fueron los mismos corruptos, con el miedo y la amenaza, a través de las redes sociales, engañaron al elector, que esa consulta era para favorecer a la izquierda, a los comunistas y cosas por el estilo y como resultado, la consulta no pasó y seguimos en manos de los corruptos.
Los proyectos de ley, intentando frenar la corrupción, han sido archivado por los mismos corruptos, que ven la corrupción, la estrategia fácil, para seguir ejerciendo el poder político.
Por lo anterior, hay que renovar el Congreso al ciento por ciento, y no votar por los partidos o movimientos políticos tradicionales y gobiernistas, que legislan en contra de los intereses del pueblo y darles la oportunidad a nuevos grupos políticos, para que de una, se presente un proyecto de ley anticorrupción, que establezca como mínimo:
a) todo servidor público anualmente, debe hacer pública su declaración de renta y de bienes, lo mismo que el de su familia hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad
b) cada compra de bien inmueble y vehículo, tiene que justificar como obtuvo el dinero para la compra o dar la cuota inicial
c) establecer unas recompensas en dinero para las personas, que anónimamente denuncien a los funcionarios que se han enriquecido en sus cargos
d) extinción del dominio, para bienes adquiridos ilícitamente, es decir, cuando el funcionario, no justifique como adquirió ese bien, o de donde saco el dinero para adquirirlo. Ojalá mi propuesta, sea tenida en cuenta por el nuevo Congreso.
(*) Docente universitario en el área del derecho publico y periodista ASOPEMET
Cortesía: Sala de Redacción Stereo Noticias.