No es posible, que sigamos con dirigentes que en el Congreso, no defienden los intereses de los metenses, históricamente han permitido sin mayor discusión que el Gobierno Nacional y la Concesionaria aumenten de manera desproporcionada los costos de los peajes de las vías Bogotá, Puerto López – Puerto Gaitán y Granada.
Así lo expresó el candidato a la Cámara de Representantes Juan Diego Muñoz Cabrera, al explicar que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el 14 de enero de 2022, autorizó a Coviandina efectuar el incremento previsto y concertado con las autoridades del 3% sobre las tarifas actuales, más el IPC; es decir, que el incremento fue finalmente del 5,62%, para todas las categorías de vehículos.
“No podemos seguir pagando por una vía, que no han terminado de construir, en la que no existen recursos suficientes para la totalidad de la doble calzada, sumado a que nadie se responsabiliza de los puntos críticos del carreteable, incluida la caída del viaducto Chirajara y la demora en la construcción de las obras en el kilómetro 58. Esa incertidumbre e inseguridad vial, no la podemos seguir pagando con vidas y recursos los usuarios del corredor que une a Bogotá con la Capital del Meta”, dijo Muñoz Cabrera.
La Contraloría General de la República, ha advertido en repetidas oportunidades que en ese proyecto la planeación generó varios problemas y omisiones en la estructura del mismo.
Dijo en su momento el ente de control fiscal, tras auditoria realizada a los contratos de concesión el Contrato 444 de 1994 Bogotá – Villavicencio y el Contrato 005 de 2015 de Iniciativa Privada (IP) Chirajara — Fundadores: “Se observaron deficiencias en el proceso de comparación entre la iniciativa pública y la privada, que generan incertidumbre sobre sí la propuesta seleccionada fue la más óptima para la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en el marco de la política pública para el sector de infraestructura vial”.
Aseguró la Contraloría que: “Además, se observó que los contratos de concesión del corredor vial Bogotá – Villavicencio, no dan solución a los permanentes cierres de la vía en los sitios críticos, por cuanto no prevén una atención integral y definitiva de los mismos, que permitan un servicio continuo, permanente y de calidad para los usuarios; aspecto que se encuentra sin financiamiento a partir de la entrega del corredor vial al nuevo concesionario (Contrato 005 de 2015), dado que los recursos de peajes están destinados para la construcción del Sector 3 (Chirajara – Fundadores) y la operación y mantenimiento de todo el corredor, excluyendo del alcance los puntos críticos”.
En 1994 se decidió construir la “nueva vía al Llano”, que se recorrería en 90 minutos a un costo de 79 mil millones de pesos, pero hoy después de 28 años, continuamos en la ejecución de un proyecto que, al termino del mismo nos costará a los llaneros más de 8 billones de pesos.
“Nosotros ya cancelamos esas obras, no deberíamos estar pagando peajes tan costosos. Nos sumaremos al esfuerzo de otros congresistas, que vienen impulsando un proyecto de Ley, que establece una distancia mínima de 150 km entre cada peaje, prohíbe la instalación de los mismos dentro de municipios o ciudades y regulará las tarifas, concluyó Juan Diego Muñoz Cabrera.
Cortesía: Sala de Redacción Stereo Noticias