Por solicitud de la Fiscalía Especializada adscrita al Gaula fueron asegurados con medida privativa de la libertad en centro carcelario tres hombres y una mujer, y con internamiento preventivo un menor de edad. Todos señalados de exigir dinero a comerciantes de Granada, Acacías, Puerto Gaitán y Villavicencio (Meta).
Los capturados por investigadores del CTI con apoyo Militar del Grupo Gaula Ariari y Gaula de la Policía Nacional fueron presentados ante jueces con función de control de garantías para su judicialización.
En Granada y Villavicencio se cumplieron las audiencias donde la Fiscalía imputó a los detenidos por los delitos de extorsión agravada tentada y extorsión agravada consumada, que solo fueron aceptados por el menor de edad.
*En un primer caso fue capturado Óscar Andrés Tobón Valencia, cuando pretendía recibir 30 millones de pesos que estaría exigiéndole mediante amenazas de muerte a un empresario de Granada desde el pasado mes de julio, a través de mensajes de texto enviados a su celular.
El segundo hecho también se presentó en esa localidad al sur del departamento, cuando otro comerciante recibió llamadas desde julio pasado de una persona que se identificaba como alias ‘Boyaco’, supuesto financiero de las Farc, el cual le exigía el pago de dos millones de pesos para garantizar su integridad.
Al momento de la entrega del dinero exigido fue capturado un joven de 17 años que estaba en compañía de otros dos menores de 15 y 16 años por integrantes del Grupo Gaula de la Policía, que lo presentaron ante un juez de garantías para su judicialización.
La tercera judicialización se realizó en Villavicencio luego de que Gionoly Andrea Gómez, Javier Enrique de la Cruz Torreglosa y Yeimer Santana Fonseca fueran capturados mediante orden judicial en Medellín y Santa Marta.
Estas serían las personas a quienes las víctimas consignaban el dineros exigido a pobladores de Villavicencio, Puerto Gaitán y Acacias mediante llamadas, al parecer, provenientes de las cárceles de Combita, Valledupar, Honda (Tolima) y Doña Juana en La Dorada (Caldas), asegurando pertenecer a las Farc, ELN o Clan del Golfo.
Según investigación, estas personas habrían recibido $634’095.140 millones de sus víctimas que pagaban para no recibir atentados contra ellos o sus familias
