Las vías de hecho obligan la suspensión de contratos comerciales que afectan el derecho al trabajo de más de 2.000 personas.
Ecopetrol expresa su rechazo a los bloqueos que realizan desde la mañana del lunes 2 de mayo de la presente anualidad, integrantes del gremio de aparejadores y de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), en 9 puntos de acceso a los campos petroleros Castilla, Chichimene y CPO9, entre los municipios de Castilla La Nueva, Acacías y Guamal, en el departamento del Meta.
Los bloqueos a las vías públicas impiden la movilización de vehículos y el acceso de trabajadores directos y contratistas a los frentes de trabajo que la empresa tiene en estos campos petroleros, lo cual genera impactos económicos y técnicos que afectan la producción y los proyectos de Ecopetrol en la región.
Debido a la situación, Ecopetrol tomó la decisión de suspender contratos y órdenes de servicio comerciales con las compañías contratistas que han reportado la imposibilidad de operar en normalidad, lo que a su vez afecta el derecho al trabajo de 2.014 personas de la región, así como la generación de bienes y servicios de empresas metenses.
Frente a las pretensiones de los manifestantes de equiparar los cargos de los aparejadores, Ecopetrol reitera a los integrantes de la USO que el escenario para discutir el tema es la ‘Mesa de Verificación’, según lo establecido en la convención colectiva de trabajo 2018-2022 y en las actas Ecopetrol-USO del 22 de agosto de 2014 y 28 de septiembre de 2018.
Los argumentos que expone la USO para unificar los niveles de aparejadores serán vitales para nutrir la conversación de los cargos en el escenario antes mencionado, el cual debe surtir un análisis integral nacional, no desde la óptica regional, ya que su impacto se analiza de manera transversal a los diversos contratos comerciales que se encuentran en rigor.
Por todo lo anterior, Ecopetrol reitera la invitación a los manifestantes a levantar las vías de hecho y mantener el diálogo abierto y permanente, con acompañamiento institucional, para garantizar que todas las actuaciones se desarrollen bajo el marco constitucional y legal, que es el camino correcto para lograr el entendimiento entre las partes, sin afectar la producción de los hidrocarburos que necesitan la región y el país.