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Vergüenza nacional: un juez, un fiscal y un policía hacían parte de red de proxenetas en Inírida

Todos negaron los cargos imputados por la Fiscalía pero 14 de los 18 capturados fueron enviados a la cárcel.

La Fiscalía informó que fueron capturados 18 hombres entre funcionarios, docentes y comerciantes de Inírida (Guainía), señalados de aprovechar su posición económica y de reconocimiento entre la población para explotar sexualmente a niñas y adolescentes.

En la operación participaron 11 fiscales y agentes de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional. Se realizaron 15 allanamientos, se incautaron de computadores, dispositivos de almacenamiento digital, celulares, una motocicleta y un arma de fuego artesanal.

Según la investigación, los detenidos ubicaban a menores entre 12 y 16 años, les ofrecían dinero (entre 15 mil y 50 mil pesos) o dádivas (comida, hospedaje, transporte) y las inducían a actividades sexuales. Otra modalidad era llevarlas a paseos, fiestas y encuentros sociales donde también eran abusadas.

Hasta el momento, cerca de 40 víctimas han denunciado, cinco de ellas pertenecen a tres resguardos indígenas del departamento. Los testimonios darían cuenta de que algunas habrían sido obligadas a consumir estupefacientes y otras, supuestamente, fueron intimidadas para que vivieran con los señalados abusadores o trabajaran en hostales.

Interceptaciones telefónicas evidenciaron que los presuntos agresores compartían información sobre la condición socioeconómica de niñas y adolescentes de Inírida para contactarlas e inducirlas.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, había visitado Inírida 7 días después de su posesión.

Los 18 capturados, todos con edades superiores a los 55 años, fueron presentados en audiencias de control de garantías realizadas en Bogotá, Inírida, San José del Guaviare y Medellín, entre el 17 y 21 de marzo del año en curso.

Les imputaron los delitos de proxenetismo con menor de edad, demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso abusivo y acceso carnal violento en menor de 14 años, uso de menores para la comisión de delitos, trata de personas agravada, estímulo a la prostitución en menor de edad, entre otros.

Ninguno de los procesados aceptó cargos, pero 14 fueron enviados a la cárcel (un juez, un fiscal, un policía, dos docentes y 9 comerciantes) y 3 quedaron con detención domiciliaria (un exfiscal y dos particulares).

Algunos de los detenidos son:

  • Un hombre que durante ocho años habría contactado a menores de edad para explotarlas sexualmente con fines comerciales. 30 de las víctimas aseguraron haber sido abusadas por este hombre, quien viajó a Medellín para evadir las investigaciones. Allí fue detenido. Deberá cumplir detención en centro carcelario.

 

  • Un juez promiscuo municipal de Inírida con función de control de garantías. Fue denunciado por tres de las víctimas identificadas, una de ellas señaló que el funcionario la amenazó cuando se enteró del proceso que cursaba en su contra.

 

  • Un exfiscal, a quien se le atribuye explotar sexualmente a niñas y adolescentes, y de informar a otros involucrados de las acciones judiciales y controles programados por las autoridades.

 

  • Un fiscal que habría omitido varias denuncias de abuso sexual contra menores de edad y, supuestamente, amenazó a algunas víctimas por entregar sus testimonios a personal de la Sijin de la Policía Nacional. Además, estaría vinculado al abuso de menores de edad.

 

  • Un intendente de la Policía Nacional señalado de buscar niñas y adolescentes en bares, y de coordinar actividades de explotación sexual con Virgilio de Jesús Arroyave.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, había visitado Inírida donde se comprometió a impulsar las investigaciones por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y combatir las conductas que vulneran los derechos de las comunidades indígenas del Guainía.

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