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Judicial

Todo por oponerse a la explotación petrolera

El sistema judicial castiga al alcalde de Cumaral por haber convocado consulta popular.

La Procuraduría Provincial de Villavicencio sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al actual alcalde de Cumaral, Miguel Antonio Caro Blanco, por la suscripción irregular del acto administrativo por medio del cual convocó a una consulta popular en el municipio.

Esa consulta, en 2017, preguntaba ¿está usted de acuerdo, ciudadano cumaraleño, que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción de hidrocarburos? La mayoría votó NO.

“Se demostró que el disciplinado expidió y firmó el Decreto 035 del 24 de marzo de 2017 mientras cumplía una misión oficial en Europa, donde estuvo entre el 17 y el 28 de marzo de 2017”, precisa el ente disciplinario.

Según la Procuraduría, con esta conducta el funcionario incurrió en falsedad ideológica (artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002).

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional Meta, así que Caro Blanco podrá terminar su periodo de gobierno.

Previamente, la Corte Constitucional había dejado sin efecto la consulta popular de Cumaral con el siguiente argumento: “La consulta popular  no es el mecanismo idóneo para dar aplicación a los principios de coordinación concurrencia entre la nación y el territorio en el marco de los postulados del Estado unitario y la autonomía territorial, pues como mecanismo de participación ciudadana no puede utilizarse para definir si en un territorio se realizan o no actividades de exploración o explotación del subsuelo o de recursos naturales, ya que la competencia en esta materia no radica en forma absoluta en cabeza de los municipios, y por ello excede su competencia, pues existen competencias de este tipo radicadas en el nivel nacional que no es posible desconocer porque tales competencias han sido definidas constitucionalmente; así, el ordenamiento jurídico ha previsto y otorgado competencias en materia del subsuelo a entidades del Gobierno nacional central con la finalidad de proteger el interés general de toda la población”.

Lo que hizo la Corte, por solicitud de la petrolera Mansarovar Energy, fue dejar sin efecto la providencia del Tribunal Administrativo del Meta que había declarado la constitucionalidad de la pregunta que se formuló a los ciudadanos de Cumaral.

Hubo solicitudes de nulidad contra esa decisión de la Corte por parte de la Alcaldía de Cumaral y organizaciones de abogados y ambientalistas, pero la Corte dijo que estas organizaciones no estaban legitimadas para presentar solicitud de nulidad de la sentencia proferida por la sala plena de la Corte Constitucional.

Y a la Alcaldía de Cumaral le respondió que “no es este el escenario para revivir una discusión sobre problemas jurídicos resueltos en su oportunidad. En consecuencia, la solicitud de nulidad será denegada”.

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